Comunicado Final

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COMUNICADO

II Conferencia de Representantes de estudiantes de Derecho de España

Reunida en la Universidad de Sevilla la II Conferencia de representantes de estudiantes de Derecho de España, para tratar la inminente entrada en vigor de la Ley 34/2006, que regulará el acceso a las profesiones de abogado y procurador y el desarrollo reglamentario que el Gobierno de España espera aprobar próximamente, el cual ya ha remitido para su consulta al Consejo de Estado; HA CONCLUIDO:

I.- Que visto el último borrador de reglamento presentado por el Gobierno en el cual no se ha atendido a las legítimas demandas de los universitarios, llamamos a la concienciación y a la movilización de todos los estudiantes de Derecho de España y prevenimos de los graves  perjuicios que puede conllevar la consolidación de esta acción normativa.

 

II.- A estos efectos, y aun cuando no cerramos los cauces de diálogo responsable con el Gobierno, quedan CONVOCADAS PARA EL PRÓXIMO DÍA 1 DE DICIEMBRE MOVILIZACIONES Y EL CIERRE DE LAS FACULTADES DE DERECHO DE ESPAÑA en protesta y legítima reivindicación de los intereses de nuestro colectivo y de nuestra Institución. Y avanzamos que en el segundo cuatrimestre continuaremos las mismas si el Gobierno persiste en no atender al interés general.

III.- Que asimismo vamos a ejercer el derecho de INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR para instar ante el Parlamento la necesaria reforma de la Ley reguladora del acceso a las profesiones de abogado y procurador.

IV.- Que se reitera en la Declaración suscrita de forma unánime en la I Conferencia celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid los días 6 y 7 de mayo de 2010, en la cual quedaron recogidas las reivindicaciones del alumnado sobre esta cuestión.

 

V.- Vista el acta de la Reunión conjunta del Consejo General de la Abogacía Española y de los Decanos de las Facultades de Derecho, de fecha 16 de julio del presente año, y las declaraciones aprobadas por la Conferencia de Rectores, consideramos que los distintos sectores afectados por esta Ley mantenemos fuertes puntos en común en la oposición al desarrollo que se está realizando de la misma por parte del Gobierno de España. Rectores, Decanos y alumnos sostenemos posiciones conjuntas que dan buena prueba de la inadecuación e inoportunidad del proyecto normativo que pretende aprobar el Gobierno.

Asimismo, abonan estas consideraciones el acuerdo del Consejo General de la Abogacía que igualmente pone de manifiesto graves deficiencias en esta acción gubernamental.

VI.- Denunciamos que el Gobierno durante los cuatro años transcurridos desde que se aprobó la Ley no ha cumplido con su deber de elaboración de un desarrollo normativo adecuado para la misma y ahora justo en el momento antes de su entrada en vigor pretende aprobarlo de manera desajustada, extemporánea y creando un grave perjuicio para todos los colectivos afectados y para la propia sociedad.

VII.- Es por ello que exigimos del mismo que el Gobierno se haga responsable de su inacción y asuma la necesidad instar al Parlamento a que prorrogue la entrada en vigor de la Ley, ya que no hay tiempo material para poder acometer su implantación. Todos nos encontramos comprometidos con la mayor excelencia en la formación de los futuros abogados, pero no admitimos parches ni improvisaciones de última hora.

VIII.- Reiteramos que esta Ley y su desarrollo normativo han mostrado un carácter “discriminatorio” que vulnera derechos básicos del estudiantado y que viene a imponer el principio de que “quien paga está capacitado” (ya que los Licenciados en Derecho antes de octubre de 2011 si pagan la colegiación se entenderán capacitados para ejercer como abogados para toda la vida, pero si no pagan entonces tendrán que superar un máster y un examen). Además, esta Ley ha quedado obsoleta y resulta contraria a los parámetros del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Incluso, el desarrollo reglamentario de esta Ley podría permitir a graduados en Criminología o en Ciencias del Trabajo ejercer como futuros abogados, un supuesto inaceptable de intrusismo profesional. Del mismo modo, tampoco atiende a las peculiaridades propias de la educación a distancia, particularmente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para la cual es importante arbitrar alguna solución particular.  Sobre todas estas cuestiones véase la Declaración y el Comunicado de Prensa en: https://conferenciaderecho.wordpress.com/

En Sevilla, a 8 de octubre de 2010

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